Estaba escrito. Si Rajoy, hombre prudente que no se moja ni aunque llueva, sale corriendo a hacer manitas con el lendacara valenciano es que no hay moros en la costa.
Ahora ya sabemos todos que no los había. Los jueces han decidido rechazar las pruebas que acusaban a los implicados en la trama Gürtel.
La trama Gürtel es una sociedad de robo organizado. Una mafia para llevarse crudo dinero de las arcas públicas a repartir entre unos pollos que han sido elegidos en las urnas para administrar honradamente ese dinero y otros pollos que, supuestamente, proporcionan servicios que la Administración no puede ofrecer o que puede pero no quiere o que puede y quiere pero a ver si no cómo van a justificarse determinados negocios.
En este totum revolotum se incluye la organización del viaje del Papa, de una prueba automovilística, del stand de Fitur o de las convenciones del partido.
Hasta donde se sabe, la trama mafiosa ha tenido acceso a instancias de poder local y autonómico bien introducidos por gallitos del PP emparentados vía política – en su doble acepción de quien interviene en las cosas del gobierno y del pariente por consanguinidad – merced a lo cual se han levantado una pastizara, que han puesto a buen recaudo en países fiscalmente opacos.
En prueba de amistar y reconocimiento, siendo presidente del gobierno, Aznar invitó a todos a la boda de su hija con el en un tiempo europarlamentario y actualmente multimillonario Agag. Y así pudieron celebrar juntos el nuevo estado de bienestar. El suyo, of course.
Amparados en la impunidad que les proporcionaban sus poderosos amigos – los Aznar, las Aguirre, los Camps, los Herreras, los Matas y demás largos etcéteras – han cargado en el debe del erario público unas partidas que han ido directamente a enriquecer sus cuentas privadas. Y lo han hecho a la luz del día y a la de las farolas nocturnas pero a la vista de todos. Por si había dudas de su impunidad, se lo han ido contando entre ellos y a sus amigos vía telefónica. Generosos como sólo son algunos cuando tiran con pólvora ajena, han pagado viajes y regalías a todo el que en esos años pasaba por el PP, incluida la vestimenta del presidente de la Comunidad Valenciana, que gusta de ir hecho un pincel.
Finalmente, uno de los suyos dio el queo y la justicia se puso en marcha. Como de mala gana, pero se puso. El asunto fue a parar al juez Garzón, que, por esas casualidades que tiene la justicia española, siempre está en medio. Se autorizaron escuchas telefónicas que destaparon una historia para no dormir. A mayor abundamiento demostrativo de cómo funciona esa misma justicia, se nos ha radiado el procedimiento, pese a su condición de secreto.
Los encausados han recurrido por la intervención telefónica y los jueces, que ya han dado suficientes pruebas de que los dirigentes del PP son intocables, han decidido que no se realizaron con suficientes garantías porque incluían conversaciones entre encausados y abogados, en las que no era posible distinguir quien de los interlocutores era más delincuente.
Así que la cosa ha quedado en que ya veremos si no tenemos que sacar en andas a quienes ahora están en la cárcel y canonizar a quienes se han librado tras pagar abultadas fianzas.
Que es, justamente, igualito, igualito a lo que ocurrió en el caso Naseiro, que se inició cuando un juez valenciano dictó auto de procesamiento contra varios miembros del PP, entre los que se encontraban el diputado valenciano José Luis Sanchís, y el administrador Rosendo Naseiro.
La cosa empezó también por unas escuchas telefónicas a otro pepero, el concejal valenciano – se ve que hay cierta querencia en la zona – Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico, escuchas que revelaron una supuesta financiación ilegal del PP y el enriquecimiento personal de algunos implicados, vía recalificaciones urbanísticas.
En aquellas grabaciones salía la voz de un ilustre valenciano, Eduardo Zaplana, quien, en una profunda declaración de fe democrática, confesaba andar un poco tieso por lo que le era urgente entrar en política para hacer caja.
El proyecto le salió a pedir de boca y Zaplana pasó de alcalde de Benidorm (con la inestimable ayuda de una concejal tránsfuga) a presidente de la Comunidad Valenciana y de ahí a ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Ahora se pasea hecho un brazo de mar, de jerifalte en Telefónica.
A lo que iba, el caso Naseiro se vió en el Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del diputado Sanchís. Y allí los señores jueces, que ni quitan ni ponen rey pero ayudan a su señor, decidieron archivar la causa por irregularidades en la instrucción del sumario. Entonces, como ahora, las escuchas telefónicas no se consideraron con valor probatorio ya que se habían autorizado para otra causa, la de narcotráfico, y no la de financiación ilegal y corrupción de alto nivel.
Ahora se entiende mucho mejor, por qué estaban tan contentos Rajoy y Camps hace unos días haciendo manitas.
Si ya lo dicen los viejos: cuidadito con las manos, que van al pan…
3 comentarios:
Nena la justicia no existe, todos los delincuentes tienen sus derechos, pero las victimas eso es otro cantar, mires donde mires la corrupción ha echo de España un lugar donde campar a sus anchas y lo más triste es que todos los partidos políticos se han alimentado de ella, por eso todos quieren el poder, esta claro.
Un besazo
pqeo quedan mas pruebas ademas de las escuchas ¿no?...en fin!! que sea lo que dios quiera!!
besos
Pues verás como va alguien, y les vota...¡ay!
Y en el Tiemblo un concejal del pépe haciendo dolares de mentirijillas ¡qué pais!
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